• lunes, 3 de julio de 2017

    Prevención del lavado de activos

     

    Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

     


    El 21 de junio de 2017 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 30-E/2017 emitida por la Unidad de Información Financiera (“UIF”), que reemplaza la Resolución Nº 121/2011 y establece nuevas reglas aplicables a las entidades financieras y a las casas y agencias de cambio.

    La norma modificó por completo el criterio de regulación de las obligaciones de los sujetos obligados, pasando de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en riesgo.

    1. Sistema de prevención

    El sistema de prevención se basará en los siguientes pilares:

    - Autoevaluación del riesgo: las entidades deberán efectuar una autoevaluación de su exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que deberá ser aprobada por su órgano de administración y remitida anualmente para análisis de la UIF. A los fines de la autoevaluación, se deben tener en cuenta entro otros, los factores de riesgo asociados a los clientes, los productos y/o servicios que la entidad ofrece, canales de distribución y zonas geográficas en las que se ofrecen los productos.

    - Mitigación del riesgo: una vez identificados y evaluados los riesgos, como parte integrante de las medidas de mitigación, las entidades deberán contar con:

    (i) una declaración sobre el nivel de riesgo aceptable para las entidades en relación a sus clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zonas geográficas; y

    (ii) políticas para la aceptación de clientes que presenten un alto riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

    - Evaluación del sistema de prevención: se disponen los siguientes mecanismos:

    (i) una revisión independiente, a cargo de un revisor externo experto en la materia. La UIF dictará la reglamentación correspondiente al procedimiento que debe llevarse a cabo para implementar dicha revisión; y

    (ii) una auditoría interna que deberá ser implementada por las entidades en sus programas anuales de auditoría.

    2. Política de conocimiento e identificación del cliente

    - Definición de cliente: se elimina la distinción entre clientes habituales y ocasionales. Se excluye a los meros proveedores de bienes y/o servicios, salvo que mantengan relaciones de negocio ordinarias diferentes de la mera proveeduría.

    - Debida diligencia en base a la segmentación de clientes según el riesgo: se establecen medidas escalonadas según el nivel de riesgo del cliente. Asimismo, se prevé un plazo de periodicidad diferenciado para la actualización de los legajos de clientes según el grado de riesgo que posean.

    - Identificación de propietarios/beneficiarios finales: cuando no sea posible identificar a una persona humana como propietaria/beneficiaria final del cliente, deberá identificarse y verificarse la identidad del presidente o la máxima autoridad que correspondiere.

    Por otra parte, si la participación mayoritaria de los clientes personas jurídicas corresponde a una sociedad que lista valores negociables en una bolsa o mercado regulado y esté sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información, se los exceptuará del requisito de identificación del propietario/beneficiario final.

    3. Sistema de prevención en caso de entidades o grupos con sucursales y/o filiales (locales y en el extranjero)

    Esas entidades o grupos deberán establecer las reglas que resulten necesarias para garantizar la implementación eficaz del sistema de prevención en todas sus sucursales y/o filiales. En el caso de operaciones en el extranjero, se deberá aplicar el principio de mayor rigor (entre la normativa argentina y la extranjera), en la medida que lo permitan las leyes y normas de la jurisdicción extranjera.

    4. Oficial de cumplimiento corporativo

    Las entidades que pertenezcan a un mismo grupo económico podrán designar a un único oficial de cumplimiento, que deberá ser miembro del directorio de todas las entidades vinculadas al grupo.

    5. Monitoreo

    Se reduce el plazo para reportar operaciones sospechosas de lavado de activos de 30 días corridos a 15 días corridos desde que la entidad concluya que la operación reviste tal carácter.

    6. Régimen diferenciado para casas y agencias de cambio

    Se prevé un régimen especial para este tipo de entidades. Entre las principales diferencias con el régimen aplicable a las entidades financieras, se destacan las medidas de debida diligencia.

    En aquellas operaciones de compraventa de moneda que no presenten características de recurrencia, y que no superen los cien mil pesos ($100.000) en el mes o su equivalente en otras monedas, se deberán obtener solamente los datos identificatorios del cliente.

    En caso de recurrencia en la operatoria del cliente, en cuanto a frecuencia y cantidad de operaciones, o si supera los doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) en el año, las entidades deberán cumplir con los deberes de debida diligencia continuada y de determinación del perfil transaccional.

    La norma entrará en vigencia a partir del 15 de septiembre de 2017, salvo para los siguientes casos, en los que se ha fijado el siguiente cronograma de implementación:

    (a) al 31 de diciembre de 2017, las entidades deberán haber desarrollado y documentado la metodología de identificación y evaluación de riesgos;

    (b) al 31 de marzo de 2018, las entidades deberán contar con un informe técnico que refleje los resultados de la implementación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos; y

    (c) al 30 de junio del 2018, las entidades deberán haber ajustado sus políticas y procedimientos, según los requerimientos de la nueva norma, y de acuerdo con los resultados de la autoevaluación de riesgos efectuada, los cuales deberán estar contenidos en el manual de prevención.

    Finalmente, se establece que se aplicará la Resolución de la UIF N° 121/2011 a los procedimientos sumariales que se encuentren en trámite al 16 de junio de 2017, o bien, al análisis y supervisión de hechos, circunstancias y cumplimientos ocurridos con anterioridad a dicha fecha, dejando a salvo, en caso de corresponder, la aplicación del principio de la norma más benigna.

    Haga click en el siguiente link para ver la Res. 30-E/2017.

    En caso de necesitar mayor información, no dude en ponerse en contacto con Néstor J. Belgrano, María Victoria Funes y/o María Victoria Tuculet.

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